En el sur de Quito, la escasez de agua ha desencadenado una crisis humanitaria que afecta a más de 400.000 personas. La situación, considerada la más grave de las últimas dos décadas, se originó tras un deslizamiento de tierra en el páramo del Antisana, que dañó gravemente la infraestructura de distribución del recurso. Este evento natural ha dejado a seis zonas de la ciudad sin acceso regular a agua potable, obligando a los residentes a sobrevivir con repartos esporádicos y a recurrir a fuentes no potabilizadas.
Aunque las autoridades locales y nacionales discuten sobre sus obligaciones, los ciudadanos se encuentran ante una situación caracterizada por extensas colas, contenedores improvisados y una creciente incerteza acerca de cuándo se restablecerá la normalidad.
Vivir sin agua: el día a día en Chillogallo
En el sector de Chillogallo, ubicado al sur de la ciudad de Quito, la espera por el agua ha pasado a ser una costumbre diaria. Inés Castro, de 74 años, se sienta en la acera con un balde vacío aguardando la llegada de un camión cisterna, comúnmente llamados tanqueros. Al igual que ella, muchos residentes se acercan con botellas, cazuelas e incluso cubos de basura para intentar obtener el preciado líquido.
Muchos de los afectados son adultos mayores que no tienen la fuerza para trasladar el agua hasta sus hogares. “Estamos aquí en este frío desde la mañana, con hambre. No tenemos agua ni para bañarnos”, relata Erselinda Guilca, una jubilada visiblemente cansada. Las condiciones de espera, combinadas con la falta de certeza sobre la hora de llegada de los tanqueros, han exacerbado el malestar de la población.
Acciones inadecuadas y manifestaciones de la ciudadanía
El Municipio de Quito ha implementado 71 camiones cisterna, cinco hidrantes móviles y varios sitios de distribución permanentes, aunque estos medios han sido insuficientes para satisfacer la demanda. La distribución inconsistente y la limitada capacidad logística han generado protestas en varios barrios. En Nueva Aurora, vecinos angustiados han recurrido a una fuente natural no tratada para obtener agua, enfrentándose a posibles riesgos de salud.
A falta de vehículos adecuados, algunos ciudadanos alquilan carretillas, coches improvisados o incluso utilizan fundas de basura para cargar el agua. Tomás Chiguano, un albañil afectado por la crisis, cuenta que su trabajo también se ha visto paralizado, ya que no hay agua para mezclar materiales básicos como cemento y arena.
Gastos extra en un contexto de escasez
El efecto económico igualmente ha sido una constante. Los habitantes reportan que tienen que pagar entre 2 y 5 dólares por el transporte para llegar a los lugares de distribución. María Tipán, residente del área, realiza hasta ocho viajes al día para aprovisionarse. “No tenemos ni para lavar la ropa. Tengo nietos que ensucian. El agua está saliendo muy cara y nos cobrarán la tarifa completa del agua”, se queja.
Este gasto adicional afecta especialmente a las familias de bajos ingresos, las cuales deben decidir entre invertir dinero en agua o en otras necesidades esenciales como comida y medicinas.
Respuestas oficiales y tensiones institucionales
El manejo de la crisis ha expuesto importantes divisiones entre las autoridades locales y las nacionales. Mientras el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, asegura que más de 500 individuos están laborando en el área afectada para reanudar el servicio, el Gobierno central ha criticado la carencia de coordinación y claridad en la respuesta de la administración municipal.
La vicepresidenta del país, María José Pinto, fue asignada para supervisar la ayuda en las áreas dañadas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) informó sobre la ubicación de plantas móviles para purificar agua en diversos lugares estratégicos, con el respaldo de la Cruz Roja. No obstante, la ministra de Energía y líder del COE, Inés Manzano, criticó al Municipio por no ofrecer un plan de acción técnico ni mantener una comunicación adecuada.
El alcalde Muñoz, por otro lado, expresó su preocupación por la falta de representantes del Gobierno nacional en el Puesto de Mando Unificado y solicitó un aumento en la colaboración institucional para resolver la crisis.
Ruta hacia la mejoría
Aunque las autoridades esperan restablecer el servicio de forma parcial en los próximos días, el daño estructural en la tubería principal ha retrasado las labores de reparación. Según el Municipio, ya se ha removido el 77% de la tierra acumulada en la zona del deslave, lo que permitiría comenzar con las pruebas de funcionamiento de la red en breve.
Mientras tanto, unidades de emergencia de otros cantones y provincias han comenzado a sumarse a las tareas de distribución. La Asociación de Municipalidades del Ecuador ha coordinado el envío de más tanqueros para apoyar en la atención a los barrios más afectados.
La emergencia en Quito pone en evidencia no solo la vulnerabilidad de la infraestructura hídrica ante fenómenos naturales, sino también la necesidad de contar con una planificación conjunta, eficiente y solidaria entre niveles de gobierno. La población, por su parte, continúa resistiendo y adaptándose, mientras espera que el agua vuelva a fluir con normalidad.
